Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas

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Universidad Indoamérica

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El rol de las empresas petroleras del estado ecuatoriano en la mediación
(International Foundation for Education, Science and Technology (FIECYT), 2026-01-05)
Raza Bautista, Geovanny Horacio
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Romero Romero, Clara Daniela
El artículo examina la intervención de las empresas estatales de petróleo de Ecuador y, en particular, de EP Petroecuador, en los procesos de mediación intercultural con las comunidades indígenas amazónicas, con énfasis en el pueblo Waorani. Comienza con el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico en Ecuador y con vacíos normativos e institucionales que dificultan la articulación de la justicia ordinaria e indígena. A partir de marcos legales y normativos nacionales e internacionales, documentos de la empresa, así como casos emblemáticos como el conflicto del bloque 22, se realiza un análisis cualitativo y doctrinal-legal. La investigación tiene como objetivo analizar el papel de las empresas estatales de petróleo de Ecuador en los procesos de mediación intercultural con los pueblos indígenas para evaluar sus prácticas, los desafíos que enfrentan y su efectividad en el campo del pluralismo jurídico, así como la resolución de conflictos socioculturales. No existen protocolos prescritos para la mediación intercultural y, por lo tanto, los resultados indican que, si bien EP Petroecuador ha adoptado prácticas sociales y comunitarias dentro de estos contextos que juegan un papel indirecto hacia la prevención de conflictos, no parecen ser conducentes a su práctica efectiva y legitimidad. Se identifican los principales tipos de conflicto como ambiental, territorial y cultural y se vinculan a la falta de consulta previa efectiva relevante de los actores, al tiempo que se descuidan las autoridades tradicionales. Y las empresas estatales también pueden desempeñar un papel activo y corresponsable en la mediación intercultural si hacen un compromiso ético, legal y cultural para incluir a las comunidades como actores legítimos en el pluralismo jurídico. Se concluye institucionalizar protocolos interculturales, capacitar en derechos colectivos y establecer prácticas participativas permanentes para mejorar la justicia intercultural y la sostenibilidad territorial.
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Regulación de las startups en materia laboral en Ecuador
(International Foundation for Education, Science and Technology (FIECYT), 2026-07-15)
Verdezoto Guastay, Vivian Isabel
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Pachano Zurita, Ana Cristina
Este artículo analiza la ausencia de una regulación laboral específica para las startups en Ecuador, especialmente aquellas que operan mediante plataformas digitales, y sus efectos jurídicos y sociales. Se evidencia que el marco laboral ecuatoriano, tiene en una concepción tradicional del vínculo laboral, la cual resulta insuficiente para regular las nuevas formas de trabajo caracterizadas por flexibilidad y gestión algorítmica. Esta falta de una normativa ha impulsado el uso de figuras civiles y de trabajo autónomo, aun cuando existen elementos de subordinación, generando precarización laboral y vulneración de derechos fundamentales. A partir del análisis comparado con experiencias internacionales, se plantea la necesidad de un modelo normativo innovador que equilibre la protección de los derechos laborales con el fomento del emprendimiento y la economía digital.
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Límites constitucionales del estado de excepción frente a las políticas de seguridad en Ecuador
(Center and Development of Research Projects, 2026-04-18)
Infante Gutierres, Lucy Mireya
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Villacres Lopez, Jorge Mateo
El artículo trata de la tensión entre los límites constitucionales del estado de excepción y su utilización reiterada como la principal estrategia de seguridad del Ecuador. El problema jurídico central está en determinar si las recientes declaratorias de estado de excepción se ciñen a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no discriminación, recogidos por el artículo 164 de la Constitución de 2008, o si, por el contrario, han sobrepasado dichos límites, hasta convertirse en política ordinaria de gobierno. Se trata de ver cómo estas medidas se acoplan con el derecho ecuatoriano y el derecho internacional de los derechos humanos. La metodología combina el análisis dogmático-normativo de la Constitución y tratados internacionales, el examen crítico de decretos ejecutivos recientes y jurisprudencia constitucional, así como el derecho comparado regional sobre materia de control constitucional. De este modo, se nota una progresiva desnaturalización del estado de excepción en Ecuador, que se refleja en más de un centenar de declaratorias en pocos años, muchas de las cuales van en contra de los principios constitucionales que lo regulan. El estudio llega a la conclusión de que la excepcionalidad permanente debilita la separación de poderes, normaliza la restricción de derechos y reemplaza políticas públicas estructurales por respuestas punitivas, creando un déficit democrático que exige reformas institucionales urgentes.
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Entre la justicia y el peligro: desafíos a la seguridad de los fiscales en la investigación del crimen organizado
(International Foundation for Education, Science and Technology (FIECYT), 2026-01-05)
Barros Carvajal, Marcela Veronica
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Sánchez Oviedo, Danny Xavier
El crecimiento del crimen organizado en Ecuador ha incrementado las amenazas y ataques contra fiscales, debilitando la persecución penal y poniendo en riesgo el Estado de derecho. Por ello, es fundamental analizar cómo el sistema protege —o no— a estos operadores de justicia. El objetivo del estudio es identificar las fallas del marco legal y de los protocolos de protección vigentes, y proponer estrategias integrales basadas en experiencias comparadas internacionales. La investigación utiliza una metodología cualitativa, que incluye análisis normativo (COIP, Constitución, tratados internacionales), revisión de literatura académica, documentos institucionales, estudio de casos emblemáticos y comparación con los modelos de Italia, Colombia y México. Los resultados muestran que la protección actual es insuficiente por su enfoque reactivo, falta de coordinación, ausencia de especialización y carencia de seguridad digital. Se concluye que proteger a los fiscales es una condición esencial para enfrentar el crimen organizado, y se propone un modelo integral de protección física, institucional y tecnológica que fortalezca la independencia de la fiscalía y la capacidad del Estado para garantizar justicia.
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Justicia Ambiental y Principio Pro Natura: Desafíos Institucionales y Procesales para una Gobernanza Judicial Sostenible
(CEIT S.A., 2026-07-29)
Morales-Guerrero, Alex
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Molina Torres, María Victoria
El presente artículo analiza el papel del principio pro natura como eje interpretativo para la consolidación de una justicia ambiental efectiva en América Latina, con especial atención a los desarrollos constitucionales y jurisprudenciales de Ecuador y Colombia. Se examina la transición desde un paradigma antropocéntrico hacia un enfoque ecolocéntrico que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y exige la reconfiguración de los mecanismos procesales, la motivación judicial y la estructura institucional del sistema de justicia. El estudio identifica limitaciones estructurales persistentes, como la insuficiente especialización judicial, la complejidad probatoria y las barreras de acceso para comunidades territoriales. A partir de este diagnóstico, se proponen lineamientos para una reforma procesal orientada a la prevención, la inversión de la carga de la prueba, el fortalecimiento de tribunales ambientales y la participación ciudadana vinculante. La reflexión concluye que la justicia ambiental constituye una condición esencial para afrontar la crisis ecológica contemporánea y que el poder judicial tiene un rol decisivo en garantizar la protección real y no meramente declarativa de la naturaleza.
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La nueva prueba y su compatibilidad con el principio de igualdad de armas en el procedimiento laboral sumario realizado por reclamo de obligaciones laborales
(CEIT S.A., 2026-01-27)
Sandoval-Brito, Leslie
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Romero Silva, Michael Andres
Este artículo examina la figura de la nueva prueba dentro del procedimiento sumario laboral ecuatoriano y el conflicto que esta genera respecto al principio de igualdad de armas. Se conceptualiza dicho principio en el contexto jurídico nacional, respaldado por la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), y se lo contrasta con estándares internacionales establecidos por organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A través del análisis normativo y jurisprudencial, se identifican disposiciones que podrían fracturar la equidad procesal, especialmente en casos como el presentado en Ecuador en el año 2019, donde la parte demandada se ve impedida de contradecir o presentar prueba adicional frente a la nueva prueba admitida exclusivamente para el actor. Esta situación evidencia una vulneración al derecho a la defensa y a la contradicción efectiva. El estudio concluye con la necesidad de reformar el marco normativo vigente, de modo que ambas partes en un proceso sumario laboral cuenten con iguales facultades probatorias, garantizando así el pleno ejercicio del derecho al debido proceso y la consolidación de un sistema judicial más equitativo.
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La aplicación del principio de proporcionalidad en el control de constitucionalidad de derechos constitucionales: análisis doctrinal y jurisprudencial en el Ecuador.
(Center and Development of Research Projects, 2026-06-04)
Chicaiza Calero, Héctor Ismael
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Villacis Mogrovejo , Francisco David
La investigación examina si la aplicación del principio de proporcionalidad en el Ecuador respeta los métodos de interpretación normativa previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, o si la Corte Constitucional ha desarrollado una práctica interpretativa que reformula ese diseño normativo al resolver conflictos entre derechos. El objetivo de la investigación fue examinar si la estructura argumentativa de la sentencia seleccionada respeta el orden metodológico dispuesto por el artículo 3, especialmente en lo relativo a la relación entre interpretación conforme, reglas de solución de antinomias y principio de proporcionalidad. Para ello, se adopta una metodología cualitativa, descriptiva y documental, centrada en el análisis de la ratio decidendi y en la reconstrucción del itinerario interpretativo seguido por la Corte. Los resultados muestran que la Corte no aplica un método uniforme, sino un criterio diferenciado según la estructura del conflicto. Cuando enfrenta reglas constitucionales precisas, mantiene la secuencia legal y prescinde de la proporcionalidad. En cambio, ante colisiones entre principios, restricciones intensas o medidas regresivas, activa directamente el juicio de proporcionalidad. El estudio concluye que no existe una ruptura con el artículo 3, sino una modulación jurisprudencial que transforma la subsidiariedad formal en una residualidad determinada por la clase de problema constitucional, consolidando un estándar estable y predecible.
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La Prueba de Oficio y su Incidencia en el Principio Dispositivo y la Imparcialidad Judicial en el Ecuador
(CEIT S.A., 2026-07-22)
Salinas-Mosquera, Paola
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Cárdenas Paredes, Karina
La prueba de oficio en el Derecho Procesal ecuatoriano se configura como una potestad excepcional del juzgador, orientada a la búsqueda de la verdad procesal y al aseguramiento de una decisión justa, en coherencia con la tutela judicial efectiva. No obstante, su activación introduce una tensión estructural cuando, en la práctica, desborda el carácter extraordinario que la justifica y desplaza la iniciativa probatoria de las partes, llegando incluso a corregir omisiones o negligencias en la actividad de proposición y producción de prueba. Este escenario problematiza el alcance del principio dispositivo, afecta la igualdad de armas y puede debilitar el derecho a la contradicción, con el riesgo adicional de proyectar una apariencia de parcialidad incompatible con la imparcialidad judicial, presupuesto indispensable del debido proceso. El objetivo general de esta investigación es analizar la incidencia jurídica y constitucional de la prueba de oficio en el Ecuador y precisar sus límites frente al principio dispositivo y la imparcialidad del juez. La metodología se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, mediante métodos dogmático-jurídico, analítico y comparado, a partir de la revisión normativa del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), revisión de criterios jurisprudenciales relevantes y el contraste con doctrina nacional y comparada. Como resultados, se identifica que la prueba de oficio resulta constitucionalmente admisible únicamente si se aplica de manera excepcional, necesaria y estrictamente motivada, dirigida a esclarecer hechos relevantes para la decisión, garantizando de forma plena la defensa y la contradicción, sin sustituir la carga probatoria de las partes ni generar ventajas procesales indebidas que comprometan la imparcialidad del juzgador
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La Economía Informal y los Derechos Laborales en Ecuador: Análisis Jurídico entre la Libertad Económica y los Derechos Fundamentales del Trabajador
(International Foundation for Education, Science and Technology (FIECYT), 2026-01-05)
Andy Huatatoca, Fernanda Estefanía
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Barrionuevo Núñez, José Luis
En Ecuador, un alto porcentaje de la población económicamente activa se ha desempeñado históricamente en el sector informal, lo que ha limitado el acceso de miles de trabajadores a derechos laborales fundamentales como la seguridad social, estabilidad y remuneración justa. Este fenómeno genera una tensión jurídica entre dos principios constitucionales: la libertad económica y los derechos fundamentales del trabajador. El estudio analiza cómo el ordenamiento jurídico ecuatoriano puede equilibrar estas garantías aparentemente contrapuestas. La investigación se desarrolla mediante el método cualitativo, con enfoque jurídico-dogmático, a través del análisis de la Constitución, el Código del Trabajo y tratados internacionales sobre derechos laborales. También se revisaron estudios doctrinarios y estadísticas oficiales que evidencian el incremento del empleo informal. El criterio de valoración principal fue la capacidad del marco normativo vigente para armonizar la libertad económica con la protección efectiva de los derechos laborales. Se identificó que, aunque la normativa reconoce ambos principios, la legislación laboral no garantiza mecanismos eficaces para la formalización. Entre los resultados más relevantes destacan la débil fiscalización estatal, la falta de incentivos y la ausencia de políticas coherentes que articulen estos intereses en conflicto. En conclusión, persiste un conflicto normativo y práctico que dificulta la garantía de los derechos laborales en el sector informal. La escasa intervención del Estado perpetúa condiciones de precariedad, por lo que resulta imprescindible reformar la legislación, diseñar políticas de inclusión laboral y fortalecer la institucionalidad para equilibrar libertad y dignidad del trabajador.
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Análisis de la insuficiencia de autos interlocutorios apelables en el COGEP
(Center and Development of Research Projects, 2026-06-03)
Sánchez Sánchez, Edisson Patricio
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Carrera Perez, German Eduardo
El régimen de impugnación previsto en el Código Orgánico General de Procesos ha sido diseñado bajo criterios de celeridad, concentración y economía procesal; sin embargo, la delimitación restrictiva de los autos interlocutorios apelables ha generado dudas respecto de su compatibilidad con la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a recurrir. El objetivo de la investigación es determinar si las disposiciones vigentes sobre impugnación de órdenes cautelares en procesos civiles en Ecuador. Se aplico la metodología bajo un enfoque cualitativo jurídico dogmático, con alcance descriptivo, analítico y crítico, además, se utilizó métodos sistemáticos y constitucionales, también métodos normativos, doctrinales que complementa los análisis judiciales. El análisis de las disposiciones del COGEP señala que el sistema de apelaciones es cerrado y limitado, impide la revisión de decisiones provisionales que tienen un impacto significativo en los alegatos, las pruebas, la ejecución y la igualdad procesal. El resultado se advierte una tensión entre la finalidad de celeridad procesal y la exigencia constitucional de garantizar un recurso efectivo frente a resoluciones que afectan derechos. Se concluye que la regulación actual es insuficiente para responder a todos los supuestos de afectación relevante, por lo que se requiere una interpretación constitucional garantista y una reforma normativa técnicamente delimitada que amplíe, con criterios de admisibilidad, la apelación de autos interlocutorios gravosos.

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